Desde Arizón&Gracia defendemos siempre la transparencia y el juego limpio en la licitación pública. Nosotros trabajamos de forma habitual para las Administraciones y sabemos que los requisitos exigidos son estrictos y las normas claras. Esto es necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, que son de todos nosotros.
A partir del próximo día 9 de marzo entrará en vigor una nueva ley de Contratos del Sector Público que hará este proceso todavía más transparente y presenta alguna novedad más.
La nueva ley 9/17 de Contratos del Sector Público, se ha creado para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea, con el objeto de igualarnos al resto de los países de Europa. Esta nueva Ley se articula en torno a tres grandes ejes:
–Facilitar el acceso a la licitación pública obligando a la división de las adjudicaciones en lotes siempre que la naturaleza del contrato lo permita y simplificando los medios para acreditar la solvencia técnica y financiera para que haya más pymes que puedan participar. Además hay una serie de medidas que están destinadas a discriminar positivamente a centros especiales de empleo y empresas de inserción, para las que se reservarán algunos contratos.
–Mejorar la información sobre las licitaciones públicas, potenciando la figura del perfil del contratante que se publicará y será accesible a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público. La contratación electrónica será obligatoria y eso permitirá una mayor transparencia de los adjudicadores.
–Buscar la máxima eficiencia y calidad en la contratación, ya que los poderes adjudicadores tendrán que garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas. Asimismo, la Ley determina la prohibición de contratar con aquellas empresas que no cumplan con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad, o que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad cuando estén obligados a tenerlos.
Por otro lado, la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que previsiblemente podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.
Las empresas responsables, como Arizon&Gracia, que contamos con el sello RSA que reconoce nuestras buenas prácticas, seremos de alguna manera recompensadas, ya que son este tipo de prácticas las que garantizan el tercer eje de la Ley, referente a la eficiencia y la calidad.
Estamos muy satisfechos con esta nueva Ley, ya que el fraude en la licitación cuesta anualmente muchísimo dinero a toda la sociedad y porque las empresas que cumplimos las normas e incluso vamos más allá veremos recompensados nuestros esfuerzos por parte de las Administraciones.