La EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) es la norma europea que trata de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la UE respecto a la edificación para hacerla más sostenible. El objetivo principal de esta directiva es cumplir el acuerdo por el que en 2030 la construcción en Europa debe ser sostenible.
Es una norma muy extensa que busca afrontar el reto desde muchos puntos de acción y en la que se exige la colaboración de todos los agentes del sector. Entre ellos, está la gestión y erradicación total del amianto hacia 2032 con fecha límite en 2040.
Este tipo de actuaciones globales son difíciles de gestionar de manera única ya que estamos hablando de millones de edificios en países diferentes con distintas realidades sociales y económicas que obligan a la UE a adaptar la normativa. Por ejemplo, ya os contamos que el encapsulamiento de materiales contaminados por amianto está permitido aunque no es una práctica segura y está desaconsejada.
Debido a este tipo de prácticas y por seguridad, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) exige una revisión de la EPBD en la que se mejore la protección de los trabajadores que están expuestos al amianto de forma preventiva. Es decir, no estamos hablando de los trabajadores dedicados a la eliminación y gestión del amianto, si no a cualquier trabajador de la construcción (o usuario del edificio) que pueda estar expuesto.
Así, una de las acciones sugeridas podría ser el registro de sustancias nocivas en los edificios accesibles al público. Es decir, un registro por el que se conociese si en un edificio hay material contaminado por amianto y su localización.
También se pide que la erradicación del amianto y otras sustancias nocivas sea una prioridad a la hora de desarrollar propuestas legislativas. Hay que tener en cuenta que en el informe que ha desarrollado el CESE para apoyar la revisión de la EPBD se afirma que el trabajador de la construcción corre el riesgo potencial de entrar en contacto con el amianto aun cuando no esté trabajando en tareas de descontaminación. Y en ese mismo informe se señala que el amianto sigue siendo la principal causa de cáncer laboral en Europa. Según la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH), el amianto está detrás de entre el 55 y 85% de los cánceres de pulmón en el trabajo y cuestan anualmente hasta 88.000 vidas en Europa. Se estima que las tasas de mortalidad continuarán aumentando hasta fines de 2020 y 2030.
Y en muchos estados europeos, los requisitos y las disposiciones de formación son insuficientes para proteger a los trabajadores del amianto.
Por eso, el CESE ha exigido una revisión de la directiva que vaya directamente enfocada a mejorar estos puntos. Hay que recordar que el CESE, compuesto por representantes de la industria y los sindicatos, es un organismo consultivo y no tiene poderes para legislar y que el objetivo principal de la EPBD es garantizar la sostenibilidad de la construcción pero no se puede obviar que la salud de los trabajadores debe ser parte de ella.
La localización de material contaminado en los edificios y la adecuada formación de los trabajadores respecto a cómo deben actuar frente al amianto puede ayudarnos a salvar vidas. Si sabemos dónde están el amianto y en qué estado se encuentra y los trabajadores que puedan entrar en contacto accidental con el (en un proyecto de rehabilitación por ejemplo) saben cómo deben actuar hasta que una empresa especializada proceda a su retirada de forma segura estaremos evitando exposiciones accidentales al amianto.
Desde Arizón&Gracia queremos recordaros que no hay exposición «segura» y que no se sabe si para desarrollar cáncer por amianto es necesario un contacto prolongado o basta con una exposición accidental. Es por eso que la revisión de la EPBD en este sentido tiene tanta importancia. La adecuada formación y concienciación de todos los agentes del sector sobre los peligros del amianto puede salvar muchas vidas.
